TERAPIA ELECTRO CONVULSIVA, DDHH Y POLÍTICA
Al contrario de lo que algunos han insinuado, el tema de la Terapia Electroconvulsiva como fórmula de tratamiento eficaz no ha estado técnicamente en tela de juicio ni en la psiquiatría nacional ni en la de otras latitudes. Existe un amplio consenso médico en el mundo sobre esta técnica, avalado por normas internacionales, y de hecho, el propio MINSAL elaboró normas adecuadas al estado del arte. Respecto de la discusión pública que se está llevando a cabo en esta materia en la actualidad, lo que realmente ha generado polémica no ha sido la discusión acerca de su eficiencia o pertinencia sino la incorporación de la variable política al tema.
Cuando la Ministra de Salud hace la denuncia de tortura no lo hace como técnica, sino como Secretaria de Estado, y en eso no debemos perder de vista que su intervención se hace abogando por los derechos humanos, asunto del todo respetable.
El punto es si la Ministra tuvo una actitud ética en plenitud al recurrir a los DDHH, o, si debido a sesgos personales u otras variables mezcló y asoció inapropiadamente temas, técnicos por una parte -la terapia electro convulsiva- y de DDHH (la tortura), con un efecto final polémico que a todas vistas no se calculó adecuadamente. Sobre todo sabiendo que en salud, como en otras actividades, en muchas ocasiones existe un doble estándar, el que en este caso se pretendió usar a costa de la dignidad de algunos “médicos de provincia”, que no contaban con anestesista para realizar su función.
¿La respuesta gremial es una defensa corporativa, como alegan algunos de los asesores políticos del MINSAL? En este caso, no parece una respuesta homogénea, y además el debate político que desató esta incomprensible demanda de tortura no hace más que develar que en DDHH hay que ser también un buen político y hay que usar adecuadamente y en forma ética las herramientas que esta doctrina otorga. Los fantasmas del pasado en el tema de derechos humanos podrían haber confundido a la Ministra de Salud y denunciado a la justicia lo que debió resolver el MINSAL, estigmatizando de paso al equipo asistencial del Hospital El Salvador de Valparaíso. Recordemos que el ejercicio de la profesión médica requiere de una mirada bioética compasiva, justa, equilibrada y honesta en cada realidad.
De eso se trata esta polémica. Las Sociedades Científicas han de dialogar con la política, pero no subyugar los principios de la ética médica por obsecuencia a desaciertos como el que estamos describiendo. Más bien, les corresponde aportar en forma audaz y creativa a las políticas sociales y de DDHH que pueda impulsar el MINSAL u otros ministerios.
DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA DE CHILE
